En las cárceles de la Provincia hay 22 mil teléfonos registrados en manos de los presos, casi uno cada dos de los cerca de 50 mil internos en total dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. La cifra fue difundida ayer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial Julio Alak, quien destacó la decisión judicial que habilitó que los presos puedan usar celulares y consideró que esa medida fue un factor clave para reducir los conflictos en las prisiones desde que la pandemia de coronavirus llevó a prohibir el ingreso de visitas, a fines de marzo pasado.
Alak participó de una videoconferencia con los legisladores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Allí, hizo un panorama de la situación de las cárceles.
El tema penitenciario fue eje de un fuerte conflicto por los motines y revueltas de los últimos meses por las malas condiciones de alojamiento y los riesgos de un brote de coronavirus.
Ante los diputados, el titular de Justicia dijo que en la actualidad no hay casos positivos de coronavirus dentro de las cárceles, aunque no se informó qué cantidad de testeos se realizaron en los doce complejos penitenciarios.
Herencia “catastrófica”
Alak hizo una fuerte crítica de la herencia recibida en materia penitenciaria. Y dijo que cuando asumió había una superpoblación “catastrófica” en el SPB. “El 12 de diciembre teníamos 51.725 internos y 24.000 plazas. Es decir, una superpoblación del 120 por ciento. Por mucho menos de eso Argentina había recibido condenas de organismos internacionales”, dijo. Y lanzó: “Entre 2015 y 2019, la población carcelaria creció en 4 mil internos por año. Son 150 internos por mes. Es decir, se sumaron durante esos años 16 mil internos, pero solo se construyeron 1.500 plazas nuevas. No se puede tener una política de mano dura sin la responsabilidad de abrir más plazas, se genera una crisis humanitaria”.
En cuanto a la ampliación de unidades que anunció el gobernador Axel Kicillof semanas atrás, Alak detalló que están cerca de finalizarse obras para habilitar unas dos mil nuevas plazas, lo que ayudará a descomprimir la situación en las comisarías.
“No hubo más conflictos”
Dentro de las medidas que destacó Alak desde que se desató la pandemia de coronavirus fue la que habilitó que los presos tengan teléfonos celulares registrados. La situación había generado polémica luego de que Carolina Piparo, diputada de Juntos por el Cambio, denunciara haber recibido mensajes al Facebook de uno de los condenados por el ataque a balazos que la tuvo como víctima en la salidera bancaria 2010. “Casación sacó la resolución que habilitó la posibilidad de que se usen celulares dentro de las cárceles, lo que había estado prohibido. Y tuvimos un solo episodio conflictivo, ese mensaje a la legisladora Piparo, que está investigando el fiscal Hugo Tesón. Después no hubo otros”, explicó.
En ese marco, dijo que al momento hay 22 mil celulares registrados. “Eso generó algo casi milagroso, que no hayamos tenido más grandes conflictos en cárceles”, aseguró. Después de la intervención, la propia Piparo, que estaba siguiendo la teleconferencia, planteó sus diferencias. “Lamento que se hayan enterado solo de mi caso. A nosotros nos llegaron por redes muchos casos más”, lanzó.
Por otra parte, el ministro de Justicia destacó haber logrado la conectividad informática de todas las unidades penitenciarias y alcaidías, “lo que no sólo redunda en seguridad, sino que permite ahorrar 90 millones de pesos en traslados de detenidos, seguros y gastos de combustible”.
Durante su exposición dio detalles también del Programa “Más trabajo, menos reincidencia”, destinado a alejar a las personas de delito mediante su inclusión laboral. (DIB)