Una realidad que vuelve a encender la discusión sobre la necesidad de revisar la estructura tributaria argentina si se busca aliviar el costo de vida y reactivar el mercado interno.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) volvió a poner números concretos a una realidad que golpea de lleno el consumo cotidiano: entre el 42% y el 43% del precio final de un alimento corresponde a carga tributaria legal aplicada por el Estado nacional, las provincias y los municipios, publicó Infonoroeste.
El estudio analiza la legislación vigente en 2025 y desagrega el peso impositivo que se acumula a lo largo de toda la cadena productiva y comercial, desde los proveedores de insumos hasta el comercio minorista. El resultado es contundente: casi la mitad de lo que paga el consumidor en la góndola no es producción ni ganancia, sino impuestos y cargas previsionales, agregó el medio digital.
Textualmente, publicó que desde el Instituto comentaron que en el escenario más habitual —cuando el alimento se vende en comercios minoristas pequeños— la carga tributaria promedio alcanza el 42% del precio final. El principal componente es el IVA, que por sí solo representa el 17,4%, seguido por los aportes a la Seguridad Social (9,4%), el Impuesto a los Ingresos Brutos provincial (7,6%), el Impuesto a las Ganancias (4,4%), el Impuesto al Cheque (1,9%) y las tasas municipales, como la de Inspección, Seguridad e Higiene (1,5%).
El trabajo deja en evidencia cómo el sistema impositivo argentino impacta de manera directa en el costo de los alimentos básicos, afectando especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos, que destinan una mayor proporción de sus recursos al consumo de productos esenciales. En otras palabras, cada aumento de precios no sólo refleja inflación o costos productivos, sino también una presión fiscal que se traslada íntegramente al consumidor.
Desde el IARAF explicaron que el análisis no contempla algunos tributos —como impuestos inmobiliarios o automotores— por la gran variabilidad entre jurisdicciones, lo que sugiere que el peso real del Estado sobre la economía cotidiana podría ser incluso mayor. Aun así, el relevamiento permite dimensionar el impacto estructural de un esquema tributario que grava las ventas en cascada y encarece el precio final.
El informe también pone el foco en el carácter regresivo de muchos de estos impuestos. Tributos como el IVA o Ingresos Brutos se aplican de igual manera sin discriminar capacidad contributiva, lo que provoca que el ajuste fiscal termine recayendo con más fuerza sobre el consumo y el bolsillo de la gente, especialmente en un contexto de caída del poder adquisitivo.
En medio del debate político sobre inflación, consumo y presión impositiva, los números del IARAF aportan un dato clave: cuando una familia compra un alimento, casi la mitad de lo que paga se lo lleva el Estado. Una realidad que vuelve a encender la discusión sobre la necesidad de revisar la estructura tributaria argentina si se busca aliviar el costo de vida y reactivar el mercado interno, concluyó el artículo.
