La reciente polémica por la rotura de aros de básquet en el Colegio Nacional de General Villegas volvió a poner en el centro de la escena una situación que, según denuncia un ex integrante del Centro de Estudiantes, excede lo estrictamente institucional y abre interrogantes sobre el funcionamiento del equipo directivo y su respaldo en niveles superiores.
El caso tomó estado público a partir de una publicación en redes sociales y el testimonio de Julián Torres, ex presidente del Centro de Estudiantes, quien aseguró que los elementos —adquiridos con fondos gestionados por los propios alumnos— fueron retirados del gimnasio por orden de la dirección y luego aparecieron dañados tras haber sido dejados en el exterior.
Sin embargo, el planteo de Torres fue más allá del hecho puntual y apuntó directamente a la conducción de la escuela y a la falta de respuestas por parte de los organismos de supervisión educativa.
Cuestionamientos a la conducción y sospechas sobre respaldo político
Torres sostuvo que durante su paso por la institución existieron reiteradas situaciones de conflicto con la directora, Daniela Ávila, y denunció falta de acompañamiento hacia el Centro de Estudiantes. En ese marco, recordó episodios vinculados a la elección estudiantil de 2024, cuando —según su relato— el proceso fue cuestionado tras conocerse el resultado que daba como ganadora a su lista.
“Cuando terminamos de contar los votos, con un 66% a favor nuestro, la directora planteó que el acto estaba impugnado. Nunca se había informado previamente y la junta electoral no tenía conocimiento”, explicó.
El conflicto derivó en reuniones con inspectores y en denuncias hacia docentes por supuesto “adoctrinamiento”, algo que el ex alumno rechazó de plano. “Se llegó a citar a profesores, a hablar de favoritismos, cuando en realidad nunca le dijeron a nadie a quién votar”, afirmó.
En ese contexto, Torres deslizó una de las acusaciones más sensibles al referirse al rol de la inspección educativa y la continuidad de la actual conducción: “No sabemos por qué se la sigue evaluando con calificaciones tan altas. Desconozco si hay una cuestión político-partidaria detrás, si hay afinidad con inspectores o si responde a otros intereses”.
Si bien aclaró que no cuenta con pruebas concretas sobre ese punto, sostuvo que la falta de sanciones ante situaciones denunciadas genera dudas dentro de la comunidad educativa.
Un problema que, aseguran, trasciende lo institucional
El ex presidente del Centro de Estudiantes también relató episodios de tensión directa con la dirección, incluyendo situaciones en las que integrantes del espacio estudiantil fueron cuestionados por decisiones internas o por negarse a asumir responsabilidades que —según indicaron— correspondían a las autoridades.
Además, mencionó que docentes habrían recibido sanciones por recurrir a instancias superiores sin pasar por la dirección, lo que calificó como un mecanismo que desalienta los reclamos. “Se habló de ‘salto de autoridad’ cuando en realidad estaban planteando un problema con la propia directora”, sostuvo.
Para Torres, este tipo de situaciones generó un clima de temor dentro de la institución: “Muchos profesores no hablaban por miedo a sanciones, sobre todo quienes estaban cerca de jubilarse”.
Continuidad del conflicto y falta de respuestas oficiales
A pesar de los distintos planteos realizados ante inspección —tanto por estudiantes como por familias—, el ex alumno afirmó que no hubo resoluciones de fondo. “Nos dijeron que algunas situaciones ameritaban sanciones, pero después no pasó nada”, indicó.
Mientras tanto, el actual Centro de Estudiantes continúa en funciones y —según Torres— mantiene la línea de trabajo de la gestión anterior, enfocada en mejoras concretas para la institución, que incluyeron inversiones superiores a los 10 millones de pesos.
Más allá de los aros de básquet
Aunque el disparador fue un hecho puntual, el conflicto vuelve a dejar al descubierto tensiones de larga data dentro del Colegio Nacional. Para quienes formaron parte del Centro de Estudiantes, lo ocurrido es apenas un síntoma de una problemática más profunda.
“Esto no es solo por los aros. Tiene que ver con cómo se manejan las cosas dentro de la escuela y con la falta de respuestas”, resumió Torres.
En ese marco, la mención a posibles vínculos o afinidades político-partidarias —aunque sin confirmación— introduce un elemento adicional en el debate y plantea interrogantes sobre los criterios de evaluación y sostenimiento de las autoridades educativas en el distrito.
Por el momento, no hubo declaraciones oficiales que respondan a las acusaciones. «Por el artículo 6 del estatuto no se nos permite a los docentes a hablar sobre temas de la escuela», le dijo la propia Ávila a Actualidad. Mientras tanto, el tema sigue generando repercusiones en la comunidad educativa de General Villegas.
