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Impulsan programa de capacitación y contraprestación laboral para personas desempleadas

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El Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto para crear el programa PILA, que combina subsidios con contraprestación de tareas y capacitaciones laborales rentadas dentro de distintas áreas municipales. La iniciativa apunta a personas mayores de 18 años con dificultades de acceso al mercado laboral.

El Departamento Ejecutivo presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Programa de Inclusión Laboral y Asistencia Local (PILA), una iniciativa que contempla subsidios con contraprestación laboral y capacitaciones prácticas rentadas dentro de la Municipalidad de General Villegas.

La propuesta fue elevada por la Secretaría de Promoción y Producción y plantea como objetivo promover la inclusión y reinserción laboral de personas desempleadas o con dificultades para acceder al mercado de trabajo. El expediente ingresó al cuerpo deliberativo con las firmas del intendente Gilberto Alegre y de la secretaria de Gobierno, María Valeria Iglesias.

Subsidios con contraprestación de tareas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del programa “Subsidio ante situación de emergencia”, definido como una ayuda económica otorgada “en contraprestación de una tarea específica”.

Según el texto, el beneficio podrá otorgarse por única vez a cada persona beneficiaria, aunque excepcionalmente podría repetirse tras una evaluación de la autoridad de aplicación y con un plazo mínimo de cuatro meses desde el subsidio anterior.

El proyecto también establece que quienes reciban ese beneficio deberán realizar tareas asignadas por el Municipio. La suma económica no podrá superar el monto del salario mínimo, vital y móvil y deberá responder a una necesidad concreta y comprobable, además de ajustarse a las posibilidades presupuestarias municipales.

Capacitación laboral rentada en áreas municipales

La otra herramienta prevista dentro del programa PILA es la capacitación laboral. En este caso, las personas incorporadas cumplirían tareas prácticas dentro de distintas dependencias municipales mientras reciben formación y experiencia laboral.

La iniciativa prevé que la capacitación tenga una duración inicial de cuatro meses, con jornadas de cuatro horas diarias. Durante ese período, las personas beneficiarias percibirían un incentivo mensual equivalente a una categoría 1 de 20 horas semanales.

El proyecto remarca que las tareas serán supervisadas y estarán orientadas a brindar conocimientos suficientes para facilitar una futura inserción en el sector privado.

También aclara que las actividades no podrán implicar riesgos físicos. No se permitirá trabajo en altura, manejo de vehículos ni utilización de maquinaria, autorizándose únicamente herramientas de mano. Además, el Municipio deberá otorgar cobertura mediante un seguro.

Sin relación de empleo público

Uno de los aspectos que el proyecto subraya expresamente es que la participación en cualquiera de los programas no implicará relación laboral con la Municipalidad.

“El vínculo generado entre la persona beneficiaria y la Municipalidad de General Villegas en modo alguno implicará la existencia de una relación de carácter de empleo público”, sostiene el articulado elevado al Concejo Deliberante.

El texto también fija requisitos para acceder a los programas. Las personas deberán ser mayores de 18 años y acreditar al menos dos años de residencia en el distrito. Además, el beneficio se otorgará a razón de uno por grupo familiar.

Vigencia por un año y posibilidad de renovación

La ordenanza tendría una vigencia inicial de 12 meses desde su promulgación, aunque el Departamento Ejecutivo quedaría facultado para prorrogarla si lo considera necesario.

La Secretaría de Promoción y Producción será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la implementación, seguimiento, evaluación y control de los programas.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la propuesta busca mejorar las condiciones de empleabilidad, generar experiencia práctica y fortalecer el vínculo entre el Estado local y sectores con dificultades de inserción laboral.

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