La entidad empresaria pidió al Gobierno nacional suspender embargos y multas para las pequeñas y medianas empresas. En el noroeste bonaerense, la caída del consumo y la presión fiscal siguen siendo algunas de las principales preocupaciones del sector.
Aunque los indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, buena parte del entramado productivo del interior todavía enfrenta dificultades para recuperar niveles sostenidos de actividad. Comercios, talleres, prestadores de servicios y pequeñas industrias continúan operando en un contexto marcado por ventas moderadas, costos elevados y una fuerte carga tributaria.
En ese escenario, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de embargos, ejecuciones fiscales y multas contra las pymes mientras avanza el tratamiento de la reforma vinculada a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, publicó Infonoroeste.
Y agregó que la solicitud incluye además la puesta en marcha de un régimen especial de facilidades de pago que permita regularizar deudas en hasta 48 cuotas, con una reducción del 50% de los intereses y condiciones de financiamiento más accesibles para las empresas.
Desde la entidad señalaron que el objetivo es evitar que numerosas firmas que atraviesan problemas financieros derivados de la caída de la actividad queden expuestas a sanciones que comprometan su continuidad.
La preocupación encuentra eco en distintos puntos del noroeste bonaerense. Empresarios y comerciantes de ciudades como Junín, Chacabuco, Lincoln, Rojas, General Arenales, General Pinto y 25 de Mayo vienen advirtiendo desde hace meses sobre las dificultades para sostener los niveles de venta y afrontar el incremento de los costos operativos.
En muchos casos, la desaceleración de la inflación no se tradujo todavía en una recuperación significativa del consumo, especialmente en sectores vinculados al comercio minorista, los servicios y las actividades que dependen directamente del movimiento económico local.
Por otra parte, CAME propuso que durante el período de espera previsto por la futura normativa no se apliquen multas y que, en aquellos casos donde los contribuyentes regularicen su situación dentro de los plazos establecidos, las sanciones puedan reducirse en un 50%.
Desde la organización sostienen -según Infonoroeste- que las medidas permitirían preservar el entramado productivo y brindar previsibilidad a miles de pequeñas y medianas empresas que continúan siendo uno de los principales motores de generación de empleo en el interior del país.
Mientras el Gobierno nacional avanza con cambios en materia tributaria, el sector pyme insiste en que la recuperación económica necesita llegar también a la actividad cotidiana de comercios y emprendimientos que, lejos de los grandes centros urbanos, siguen buscando señales concretas de alivio para sostener su funcionamiento.
