Por Omar Emín
Se prevé una suba en las retenciones, un incremento en Bienes Personales y un freno al Consenso Fiscal para así limitar la baja de Ingresos Brutos.
En sesiones extraordinarias se buscará la aprobación de una nueva Ley de Emergencia Económica. Y el dato es significativo, porque la norma permitiría «aumentar los impuestos sin pasar por el Congreso».
Puntualmente, se trata de un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, modificar alícuotas de impuestos.
El incremento de la carga fiscal, se apoya en principio, en tres ideas que se encuentran ampliamente consensuadas en el gabinete económico y serán de inmediata aplicación.
En primer término, se elevarán los derechos de exportación. Las polémicas «retenciones» se aplicarían en base a un esquema escalonado industrial-exportador. Es decir que los productos con mayor industrialización soportarán menores retenciones.
Si bien se llegó a hablar de una tasa de 35% aplicable a las exportaciones de soja, el porcentaje final sería aun menor. El objetivo es conseguir alrededor de u$s2.000 millones adicionales al año.
Ante la inminente suba de retenciones, se incrementó la cantidad de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la cosecha 2019/2020 para pagar retenciones sin el incremento.
Más precisamente, las DJVE subieron casi 1.000% en soja, 230% en maíz y 53% en trigo en relación al año pasado.
El otro pilar de la suba impositiva refiere al Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Se habla de duplicar dicha alícuota e, inclusive, establecer un nivel mayor para los bienes ubicados en el exterior. Una propuesta que ya crea polémica entre los expertos.
Además, la nueva Ley de emergencia Económica permitiría poner un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Consenso Fiscal firmado hace dos años. El Impuesto a las Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado.
Asimismo, el fin del pacto fiscal permitiría una reposición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias de reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.
Quienes critican esta reforma señalan que sería un retroceso en el sentido de que volvería a aumentar el peso del Gobierno central en la coparticipación impositiva que, a modo de compensación, le permitiría a los gobiernos provinciales un mayor margen de determinación de impuestos en el ámbito local.
Suspender el Consenso Fiscal es regresar al aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el peor tributo; y también Sellos. Ambos impuestos son de épocas medievales, que han aumentado groseramente en los últimos 20 años.
A fin de reforzar la idea, suspender el Consenso Fiscal es pulverizar todo el esfuerzo para bajar la desbordante carga de los tributos provinciales y municipales. Los fondos que recibieron las provincias por su compromiso para reducir los impuestos deberán ser devueltos.
Más allá de estos tres proyectos ya consensuados, el gabinete económico evalúa múltiples iniciativas para incrementar la presión fiscal:
– Impuesto ecológico al glifosato.
– Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas.
Fuente: iProfesional.com