La presidenta del bloque Frente de Todos se mostró en desacuerdo con el proyecto de ordenanza de regulación de agroquímicos presentado por el oficialismo. No acepta una zona de exclusión de 40 metros y pide más tiempo de trabajo y discusión entre los ediles. «Esto toca a la salud pública, al medio ambiente y a las formas de producción. Es necesario que todos los concejales podamos llegar a un punto de encuentro y hacernos responsables de lo que estamos sancionando», expresó.
La concejal Sol Fernández se mostró crítica con el proyecto de ordenanza de regulación del uso de agroquímicos que presentó el bloque oficialista Juntos por el Cambio y su inminente tratamiento en una próxima sesión del Concejo Deliberante.
El punto que genera mayor discordia es el planteo de una zona de exclusión (zona donde no se puede utilizar ninguna clase de agroquímico) de 40 metros, distancia que Sol Fernández considera «ficticia».
Desde el Frente de Todos no están de acuerdo con el tratamiento de esta ordenanza y piden más tiempo para debatir y poder trabajar seriamente en el asunto, con el objetivo de elaborar un proyecto de ordenanza que cuente con el apoyo de todos los bloques y que, por lo tanto, sea aprobado por unanimidad.
Un poco de historia: cómo surge la iniciativa de legislar sobre el tema
«El 20 de julio de 2018 presentamos con (Carlos) Alberto Pardo un proyecto de ordenanza que regulaba el uso de agroquímicos en Villegas. A la semana de nuestra presentación el oficialismo presentó su propio proyecto de ordenanza y a partir de ahí comenzó una serie de encuentros y discusiones con respecto a estos dos proyectos. Ambos bloques siempre consideramos importante tener una normativa que pueda regular el uso de agroquímicos en General Villegas, pero había puntos de desencuentros muy importantes por los que no pudimos sacar adelante esta ordenanza», explicó Fernández.
Bloques que no tomaron una postura clara, el año electoral 2019, el correspondiente recambio de concejales y la pandemia pusieron un freno al tratamiento de la ordenanza.
«En febrero cambiaron algunos secretarios del poder Ejecutivo, me refiero específicamente a la Secretaría de Promoción y Producción. Como ambos bloques (Juntos por el Cambio y Frente de Todos) teníamos deseos de avanzar en este tema, nos reunimos con Marina Justo para plantearle los distintos proyectos referidos a medio ambiente que teníamos para sancionar: agroquímicos y feedlot, temas que son de interés para la comunidad. Charlamos sobre eso y nos pusimos de acuerdo en cómo seguir trabajando las ordenanzas. En esa reunión, quedamos que Marina Justo iba a hacer un relevamiento socio ambiental en los pueblos del Partido porque no teníamos los recursos para desplazarnos y ver a qué productores estábamos afectando con esa ordenanza, y qué tipos de productores eran: pequeños, medianos o grandes. Teníamos que saber cómo impactaría esa ordenanza en el sector agropecuario, principalmente en los pueblos del Partido. Ella se comprometió a hacer una encuesta a través de delegados y a hacernos un informe sobre la cantidad de productores afectados y su tamaño», señaló Fernández.
¿Qué pasó después?
«Siempre hubo voluntad de trabajar. En la última reunión de comisión, el oficialismo presentó su ordenanza de agroquímicos modificada con una serie de reformas y pretende votarla para subirla al recinto para que se trate el jueves próximo. Por supuesto que no estábamos de acuerdo. No podíamos de un día para el otro estudiar las reformas y ponernos de acuerdo para sancionarla por unanimidad. La presidente del bloque Juntos por el Cambio accedió a que quedara en comisión dos semanas más, así que la idea es tratarla en la próxima sesión que es el 17 de julio», explicó la presidenta del Frente de Todos.
«Nos preocupa la situación que estamos viviendo con respecto a este tema porque no contamos con la información que le pedimos a Marina Justo, quien no nos dio una devolución de esos interrogantes que había quedado en contestar. Realmente queremos que salga una ordenanza con la que estemos todos de acuerdo y que proteja la salud pública y al medio ambiente, no solamente al sector productivo», añadió.
La zona de exclusión, principal diferencia
«Nuestra ordenanza establece una zona de exclusión que en su momento consignamos de 300 metros. Es una distancia importante que se puede charlar, discutir y llegar a otro número si es necesario. Pero la ordenanza de Juntos por el Cambio prevé una zona de exclusión de 40 metros que es ficticia. No existe. Es de la vivienda al alambrado, es un cruce de calles, es menos de la mitad de una cuadra. No estamos de acuerdo con eso y creemos que es muy importante establecer una zona de exclusión donde no haya aplicación de agroquímicos porque son peligrosos para la salud. También tratamos de resguardar el medio ambiente», expresó Fernández.
«Nosotros hacemos foco en la salud pública, por eso en nuestra ordenanza hay un capítulo de salud pública que prevé un control médico para todas las personas que manipulan agroquímicos, prevé estadísticas dentro del Hospital. Es una ordenanza que se extiende un poco más y no solamente se queda con la aplicación del agroquímico. Incluso estimula alternativas de producción, porque no solamente existe la producción convencional que se aplica en el Partido de General Villegas, sino que también hay alternativas de producción agroecológicas que permiten otros tipos de cultivos y no usan esos agroquímicos que dañan el suelo, el ambiente y la salud de las personas. Sí, es más difícil, porque lleva más tiempo y requiere más mano de obra, pero es algo que en otros municipios se está implementando y que está resultando favorablemente», argumentó.
Otras diferencias: la zona de amortiguamiento y las escuelas rurales
«Esta ordenanza del oficialismo prevé una zona de amortiguamiento (sector donde se pueden aplicar ciertos productos, específicamente los de banda verde y azul) pero no sabemos de cuántos metros es porque presentaron un plano que no tiene coordenadas. También hay docentes preocupados porque con la ordenanza del oficialismo se puede fumigar desde el minuto uno antes de entrar a la escuela. Las escuelas rurales no tienen zona de exclusión, se puede aplicar minutos antes de que haya alumnos en la escuela. Eso es muy peligroso, genera un riesgo para alumnos, docentes y directivos que no podemos acompañar», subrayó Fernández.
«En el año 2018 salió una resolución del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires donde permitía las aplicaciones sobre escuelas rurales. Cuando salió esa resolución nuestro intendente adhirió y acá se podía fumigar en las escuelas rurales y en las zonas linderas a las viviendas rurales. A los pocos días esa resolución volvió para atrás porque un montón de organizaciones civiles, ambientales, profesionales de la salud, concejales y legisladores expresaron su enojo. Nadie está de acuerdo con que fumiguen arriba de una escuela. Una persona que vive en el Cardal, en el Cruce o en Migliore no va a estar de acuerdo con una zona de exclusión de 40 metros para se fumigue en frente de su casa», agregó la edil.
¿Es posible llegar a un acuerdo?
«No parece fácil, pero si entre todos ponemos un poco de voluntad y cedemos en nuestras pretensiones tengo esperanza de que sí se puede llegar a un acuerdo. Estamos todos de acuerdo en la necesidad de que haya una normativa para legislar sobre ese tema. El problema es básicamente esta zona de exclusión y la zona de amortiguamiento también. Después hay cosas que se pueden modificar y que no afectan el espíritu de la normativa en sí. Es una ordenanza que no debería tratarse de acá a dos semanas, es un tema que requiere que nos juntemos más de una vez a pensar, a charlar, a discutir, a pedir asesoramiento en Provincia de Buenos Aires», enfatizó la presidenta del PJ local.
Fernández destacó que existen organismos a los cuales pedir asesoramiento para sancionar una ordenanza que le sirva a todos, como por ejemplo el Observatorio de la Provincia de Buenos Aires. Dicho organismo está compuesto por gente del CONICET, por científicos y Universidades Públicas que elaboran una serie de recomendaciones no vinculantes pero de utilidad como material de consulta y guía para los concejales-
«No es algo sencillo, hay que comprometerse y saber qué se está votando. Todos los concejales tenemos que estudiar. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos resguardar las relaciones entre la comunidad y el campo porque nadie tiene un problema con el sector. Nosotros queremos proteger eso, pero también proteger la salud. Por eso tenemos que sentarnos a trabajar en serio. Si vamos a poner una zona de exclusión que sea de verdad, como mínimo 80 o 100 metros. Empecemos con algo, no pretendemos que sean los 300 metros iniciales, pero negociemos y vayamos evaluando progresivamente qué pasa con esta ordenanza. Si hay que modificarla, se modifica. Tenemos la obligación de votar algo que estimule alternativas de producción para la seguridad alimentaria y para producir alimentos sanos. Lo que se viene en el mundo es ésto: alimentos sanos, alimentos orgánicos», destacó Fernández.
Críticas al Ejecutivo y los futuros problemas que podría acarrear votar la ordenanza del oficialismo
«Para sancionar cualquiera de las dos ordenanzas tenemos que tener un poder Ejecutivo con la firme decisión de acompañar al productor, que estimule otras alternativas de producción, que gestione con Provincia y Nación otras soluciones. A ningún pequeño productor le gustaría quedarse sin su ingreso. No estoy de acuerdo con eso. Por eso necesitamos una Municipalidad que a ese productor le de una alternativa de producción, una eximición de impuestos, que gestione algo para que esa persona no se vea perjudicada por una zona de exclusión. Necesitamos un Estado municipal presente, que ayude y que gestione lo necesario para dar una respuesta a esa situación», disparó.
«Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a charlar, a ceder en lo que haya que ceder, mientras que de la otra parte también cedan ante algunas peticiones. Tengo esperanza que podamos sacar algo en conjunto que nos dé tranquilidad a todos, porque si la ordenanza de Juntos por el Cambio sale así como está la Municipalidad va a tener un montón de demandas: de vecinos y alumnos de escuelas rurales. Esto no se tiene que judicializar, esto lo tiene que resolver la política y no el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no va a contemplar todos los sectores como lo hacemos nosotros: directamente va a fijar una distancia de 1000 o 2000 metros y el productor chico y el municipio que se arreglen», concluyó.