El ex secretario de Vivienda y Medio Ambiente de General Villegas, durante la gestión del ex intendente Gilberto Alegre, forma parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que ya cumplió 15 años.
Diario Actualidad tomó contacto con Marcelo Ochoa y el ex funcionario municipal explicó que la MAPP realiza diferentes actividades en Colombia: «Dentro de esas acciones yo estoy coordinando la oficina regional del Cauca, en Popayán, quizás el territorio más complejo de Colombia. Los índices de asesinatos de líderes son los más elevados y existen conflictos permanentes entre indígenas, campesinos, afros, entre sí y tambien de todos con el gobierno. Nuestra tarea es monitorear los territorios afectados por el conflicto, antes bajo el control de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y ahora por otros grupos armados y el narcotráfico. También acompañamos e impulsamos los escenarios de diálogo entre estos sectores y el gobierno para disminuir la conflictividad en el territorio», resumió.
15 años de la MAPP/OEA
En 2004 se estableció la MAPP/OEA para apoyar el proceso de paz en Colombia y verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC).
A través de sus 15 años y las múltiples actividades en territorio, la MAPP empezó a acumular conocimiento de los actores, las comunidades y las realidades en las regiones, promoviendo el diálogo, la confianza y la paz para superar los efectos del conflicto armado interno.
En el marco de estos 15 años, se editó una revista que narra las distintas historias y experiencias de la gente que compone la Misión. Uno de ellos es Marcelo Ochoa.
A continuación, Actualidad comparte un artículo que tiene al ex secretario de Vivienda y Medio Ambiente como protagonista:
En marzo de 2019, la MAPP/OEA fue convocada a monitorear y mediar en el marco de las movilizaciones de indígenas, campesinos y afrodescendientes. En medio de las tensiones, los esfuerzos se encaminaron a superar las dificultades por la vía del diálogo. La apuesta de todos los actores por alcanzar acuerdos fue un hecho de paz.
El 10 de marzo de 2019, miles de indígenas, campesinos y afrodescendientes de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Caldas decidieron poner en marcha un mecanismo ancestral de protesta social para exigirle al Gobierno colombiano que cumpliera compromisos firmados con organizaciones civiles de esa región en 2005, 2009 y 2014.
Durante varios días, los manifestantes mantuvieron bloqueada la vía Panamericana, que conecta el suroccidente colombiano con Ecuador y con el centro del país, en un proceso conocido como la Minga por la Vida, la Democracia, la Justicia y la Paz. Este movimiento exigía dialogar al más alto nivel con el Gobierno nacional, para actualizar y profundizar temas que habían sido motivo de incumplimiento a lo largo de varios años.
La Minga, un mecanismo de reflexión y movilización comunitaria utilizado por los indígenas de esta zona del país, decidió este año que la negociación con el Gobierno debía estar acompañada por organismos internacionales y de control del Estado. Por eso el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y organizaciones campesinas y afrodescendientes invitaron de manera formal a que la MAPP/OEA fuera uno de esos organismos garantes en el proceso, invitación valorada positivamente por el Gobierno.
“Las partes conocían muy bien a la Misión y sentían que era un actor importante que podía ayudar al proceso de diálogo y a monitorear lo que allí sucedía, sobre todo en relación a lo que pudieran afectar los derechos humanos”, señala Marcelo Ochoa, coordinador de la Oficina Regional de Popayán, quien participó en el monitoreo de la protesta social en el Cauca durante esos días.
La MAPP/OEA trabajó activamente en dos de los departamentos en los que se desarrollaba la Minga: Cauca y Valle del Cauca. En el Cauca, la Misión, junto a otros organismos internacionales, monitoreó los puntos críticos de la vía Panamericana y acompañó los escenarios de diálogo, contribuyendo al acercamiento de las partes en aquellos temas que dificultaban los consensos.
Por otro lado, en Valle del Cauca la Misión ofició como moderadora en una de las mesas de negociación, establecida en La Delfina, un resguardo indígena situado cerca de la vía que comunica la capital del departamento con el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Allí, la Misión apoyó el desarrollo de la agenda y moderó los diálogos.
“Durante la Minga tuvimos dos objetivos principales. El primero, que continuara la conversación según la agenda propuesta y la solicitud de los mingueros aceptada por el Gobierno. Nos ceñimos a lo que las partes habían acordado, así que tratamos de moderar las intervenciones, acotar el debate y facilitar el avance de la negociación. Segundo, que si no continuaba la conversación y se generaban vías de hecho, estas tuvieran la menor afectación posible”, señala Marta López, coordinadora de la Oficina Regional de Cali.
Sin embargo, tras cinco días de negociaciones en las que según los mingueros no se avanzaba en temas centrales como garantías jurídicas para la protesta, presupuesto y agenda política, una de las partes consideró que no era posible continuar el diálogo.
La ruptura parcial de las negociaciones impactó principalmente al departamento del Cauca. Allí la tensión escaló, provocando algunos enfrentamientos entre los mingueros y la Fuerza Pública, que dejaron el lamentable saldo de dos muertos y varios heridos, sobre todo en los puntos de bloqueo de la Panamericana. En esta zona, la Misión cumplió un papel importante: como lo fue hablar con las partes, a fin de evitar el recrudecimiento de la violencia, buscando de esta forma que se garantizaran los derechos humanos.
De igual forma, la MAPP/OEA participó en el monitoreo y el funcionamiento de un corredor humanitario, una vía alterna que comunicaba el Valle del Cauca con todo el suroccidente del país, permitiendo el paso tanto de alimentos, como de ambulancias y de vehículos que transportaban heridos. De igual modo, la Misión, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y la Defensoría del Pueblo, participaron en la entrega de varios miembros de la Fuerza Pública retenidos por los manifestantes.
La Misión encaminó sus esfuerzos a mantener una relación de respeto entre ambas delegaciones, siendo reiteradamente solicitada para llevar propuestas entre los actores, o analizar junto con ellos aquellas que luego podrían ser discutidas. Esto ayudó a que las partes insistieran en su voluntad de diálogo y que a pesar de las presiones volvieran a sentarse.
En estas negociaciones se logró que el 6 de abril, representantes del Gobierno y de la Minga firmaran acuerdos con base en las demandas de cada espacio de diálogo.
Para la MAPP/OEA, el acompañamiento en la Minga del 2019 no fue producto de la coyuntura. En cumplimiento de su mandato de monitorear la conflictividad y de fomentar los diálogos sociales, la Misión había identificado desde enero del mismo año la necesidad de generar un acercamiento entre sectores sociales pro minga del departamento del Cauca e instituciones del Gobierno nacional como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior.
“El monitoreo nos dio la visión del conflicto que se venía, y el acompañamiento al diálogo social nos dio la capacidad de incidencia con la sociedad y con el Gobierno. Lo que buscábamos es que el conflicto se encauzara en una mesa de diálogo menos agresiva de lo que podría haber sido si las partes nunca hubieran dialogado previamente. Este aporte fue reconocido públicamente por las partes, posicionando a la Misión como un interlocutor válido para el fomento del diálogo social, y que en este caso contribuyó, en alguna medida, a lograr acuerdos”, recordó Ochoa.