En esta nueva edición de la columna de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas para Actualidad, Mercedes Lalor -integrante de la Comisión Directiva de dicha entidad- hace un análisis detallado del tema del momento: la expropiación de Vicentin.
Vicentin es un tema que no solo compete al campo, sino que la sociedad está involucrada porque es meterse con la propiedad privada y es meterse con una empresa que tiene 100 años funcionando en el país. Ha tenido problemas económicos serios. Evidentemente en el último tiempo ha llegado a una deuda de 1.500 millones de dólares que es enorme, pero hay formas de manejarse mediante la Justicia sin llegar a la expropiación. Es una deuda de privados que se debe arreglar entre privados, con la Justicia de por medio. Con la expropiación terminamos haciendo que una deuda privada se convierta en una deuda pública. Todo ciudadano argentino que pague impuestos va a terminar pagando la deuda.
El Estado no es un buen administrador. Nunca lo ha sido. Las expropiaciones que se han hecho con este gobierno y con este estilo -Aerolíneas, Ciccone, YPF- han salido carísimas al país.
Ellos hablan de «soberanía alimentaria», pero Vicentin es una exportadora. La soberanía alimentaria es con lo que producimos los productores. No tiene nada que ver una exportadora con la soberanía alimentaria.
Hay varias cosas que llaman la atención, por ejemplo que Vicentin le deba al Banco Nación (de los 1500 millones, le debe 300 al Banco Nación). Obviamente el Estado es acreedor, pero lo que tenemos que pensar es en el montón de pequeños productores a los que Vicentín les está debiendo y que, una vez expropiada, seguramente van a ser los últimos en cobrar. Ya sabemos cómo se manejan las empresas públicas: van a entrar un montón de amigos del poder de turno, con sueldos enormes y haciendo negocios que no son los mejores.
Asusta que una empresa que funcionó durante tantos años termine en manos del Estado innecesariamente. Esto que van a hacer es ilegal e inconstitucional. No tiene ningún sentido que lo hagan de esta forma y sorpresivamente. Creo que hay una parte política en esto, pensando que el Banco Nación le prestó una parte importante durante el otro gobierno. Pero hay un concurso de acreedores y es la Justicia la que tiene que ver cómo manejar este concurso y cómo se arregla. Hay bancos extranjeros a los que también les deben mucha plata. El tema es bastante más complicado de lo que parece.
Toda la sociedad está involucrada, no solo los productores. La provincia de Santa Fe está muy preocupada porque tiene muchísima gente de sus localidades, como Avellaneda, que trabaja en la empresa. Los cordobeses se juntaron con la mesa de enlace provincial y con legisladores de la oposición porque los preocupa enormemente este tema.
Si empezamos por esto: ¿A dónde llegamos después? ¿Si a una empresa que tiene problemas económicos la vamos a expropiar, vamos a expropiar a las empresas que se concursan?
Tampoco fue bueno el momento para decidir expropiar: justo cuando se estaba negociando con los acreedores externos. Les estamos diciendo a los bancos de afuera que no tenemos plata para pagarles lo que les estamos debiendo, pero sí tenemos para expropiar una empresa que está debiendo 1500 millones de dólares y que, si se la expropia, el Estado lo tiene que poner. Es todo un contrasentido.
Es una de las características de este gobierno: ellos defienden su propiedad privada y no la de los otros. Aflige porque puede ser el primer paso para seguir avasallando. Aparte se da en un contexto en el que estamos todos encerrados por el coronavirus y entonces ni siquiera puede haber manifestaciones públicas de gente preocupada por esto.
Los bancos extranjeros ya se presentaron en tribunales de Nueva York para pedir informes. Esto nos preocupa a todos: veníamos mal, pero vamos peor.
El Congreso como posible respuesta, tal como sucedió con la 125
Esto tiene que pasar por el Congreso. Hay que tratar de hablar con la mayor cantidad de los legisladores para que voten en contra de la expropiación. Tiene que pasar por las dos Cámaras. Para el día 20 de junio se está llamando a una marcha en todo el país, en contra de la expropiación. Es una convocatoria ciudadana, no sólo del campo.
Como la 125, que terminó en el Congreso, debemos tener diálogos previos con los legisladores de las provincias que se van a ver más afectados por esta expropiación, como son Córdoba y Santa Fe, y hacerlos recapacitar que esta expropiación no va a ser positiva para nadie. El Estado es mal administrador y las expropiaciones hechas de esta forma nos han costado a los argentinos mucha plata. Son arrebatos que no terminan bien. Es una deuda privada y el Estado argentino no tiene por qué hacerse cargo. Eso de la soberanía alimentaria no es cierto porque es una empresa exportadora; la soberanía alimentaria la damos los productores y no una empresa que exporta.
Defender la República y la división de poderes
Pasaron por sobre la Justicia para la intervención. La intervención la tenía que decidir el juez que está manejando el concurso y la decidió el Presidente. La Justicia tendría que haberse opuesto a lo que pasó, pero también hay que ser realista: ¿Qué juez quiere ponerse a luchar contra el Estado nacional? Es complicado aunque no quiere decir que esto no vaya a pasar.
La empresa fue muy mal manejada en los últimos años. Los que la administraban tienen que asumir su responsabilidad, pero todo tiene que estar manejado por la Justicia y no de esta forma. Sobre esto hacemos hincapié no solamente los productores, sino la sociedad toda. Estas no son las formas de enfrentarnos con una empresa quebrada que, como es muy grande, nos llama la atención, pero es lo mismo que si fuera una empresa chica.
* Mercedes Lalor
Productora de general Villegas. Criadora de caballos criollos. Fue presidente de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas y actualmente está en la Comisión Directiva. Es directora del distrito 2 en SRA y directora de socios.