Actualidad dialogó con el secretario de Legal y Técnica, Dr. Mariano Maranta sobre la demanda presentada en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tras el rechazo del Concejo Deliberante a la Ordenanza de financiamiento de Bomberos Voluntarios.
El tema ha suscitado polémica y controversia dentro y fuera del Concejo Deliberante, porque se trata de una institución modelo de nuestra comunidad, por lo que la discusión es especialmente sensible.
Esta suerte de enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y los cuarteles de Bomberos de todo el distrito es, mínimamente, incómoda para las partes.
Según aclaró el funcionario municipal, «el conflicto (al menos la demanda fue planteada en ese sentido) está dado entre los poderes del mismo gobierno municipal», debido a que «el Deliberativo considera una cosa, el Ejecutivo otra, y es por eso que se recurre a un órgano judicial a los efectos que lo resuelva.»
«Nosotros no lo vemos como un conflicto con los bomberos» y, «si bien creo que se podría haber tenido algo más de celeridad respecto a qué resolución se podría haber dado, lo estamos trabajando», aseguró.
«Sabemos que pueden llegar a tener algún tipo de necesidad, e hicimos un relevamiento para ver de qué forma continuamos colaborando con Bomberos Voluntarios. Y digo continuamos porque colaboramos, el municipio colabora», agregó.
En cuanto al conflicto en sí, el secretario de Legal y Técnica reiteró: «no creo que sea un conflicto de la Municipalidad con los bomberos. Creo que el conflicto está dado por la legalidad, o no, de la ordenanza; y en ese sentido fue la demanda, a los efectos de que la Corte directamente lo resuelva.»
Sobre el malestar que el tratamiento del tema generó, Maranta reconoció que «se puede haber planteado alguna rispidez con la institución, pero el municipio siguió colaborando como lo venía haciendo y las conversaciones continúan. No es que estamos cerrados en esto.»
Asimismo, el abogado insistió en que «sí queremos que las ordenanzas que eventualmente vamos a aplicar sean correctas, que esté acorde a la legalidad», porque «el Ejecutivo es quien aplica y tiene que salir a recaudar sobre esa tasa.»
Y reiteró que «la demanda es un conflicto entre los poderes del gobierno municipal, o sea, entre el Ejecutivo y el Deliberante.»
Si bien es la primera vez que el municipio de General Villegas apela a este organismo ante la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es una herramienta que puede utilizarse, como explicó Maranta. «Cuando el Ejecutivo considera que una ordenanza no es aplicable o es ilegal, se recurre a la Corte Suprema como instancia originaria, como se hizo en este caso.»
También se puede solicitar la intervención del máximo Tribunal de la provincia cuando «hay una discusión entre dos partidos, o una discusión entre órganos municipales, como puede ser el juez de faltas, o al revés, que el Deliberativo demande al Ejecutivo», indicó.
Según el funcionario del área legal, la instancia de la demanda ante la Corte Suprema «fue consecuencia de la insistencia del Concejo Deliberante de aprobar la ordenanza como estaba», lo que «se contrapuso con el veto»; y agregó que «los argumentos de la demanda son los del veto, un poco ampliados y con un poco más de índole constitucional.»
Planteo de ilegalidad
Sobre el planteo de ilegalidad de la ordenanza, Mariano Maranta indicó que, en primer lugar, «la ordenanza que se modifica en sí, no está en aplicación, porque el artículo que se modificó está incorporado a la ordenanza fiscal»; y para modificarla debe apelarse a «otro tipo de procedimiento.»
La primera opción «es que sea a instancia del Ejecutivo (que sea el DE quien lo proponga)» y, como segunda opción, «que transcurra por la Asamblea de Mayores Contribuyentes», porque «las cuestiones presupuestarias son a instancia o iniciativa del Ejecutivo y ese es otro de los argumentos que dimos», manifestó.
El abogado comentó también que «la propia Ley de bomberos, la ley provincial 10.917 (regula la organización y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y sus respectivos Cuerpos Activos), tiene un veto en ese sentido en el artículo 33, porque en esa ley se preveía cierta distribución de lo recaudado. »
«Ese artículo fue vetado por el Ejecutivo de provincia allá por el año 2000», expresó; y añadió que «quien está facultado para distribuir es el Ejecutivo, porque es quien aplica el presupuesto».
Un tema de tasa y servicio
El secretario de Legal y Técnica señaló que otra de las causas es que «la tasa como tributo siempre tiene una contraprestación. Acá no está en discusión que los bomberos prestan un servicio, pero no es un servicio prestado por el gobierno municipal, como puede ser el ABL, red de caminos rurales» y «eso da lugar al cobro de la tasa.»
Para Maranta, «en este caso en particular consideramos que el servicio que prestan los bomberos no es un servicio vinculado con prestaciones que derivan del municipio» y, aunque «es una institución de las más importantes del Partido que está vinculada con el municipio, no presta un servicio a través de la Municipalidad.»
«Ni siquiera podemos controlar a los bomberos, ni ellos rendirnos cuentas» y entonces «ahí es donde vemos esa disyuntiva también», afirmó.
Además, «se dieron otros argumentos en la demanda en cuanto a la aplicabilidad o no de cómo sería eventualmente esto, que para nosotros también es un tanto engorroso, porque en lugar de facilitar el trabajo de los bomberos, creo que con esta tasa también se lo estamos complicando un poco», declaró.
Sobre la necesidad de resolver el financiamiento de las instituciones del distrito, debido a que la Corte tardaría mucho tiempo en expedirse, Maranta expresó que «habría que hacer algún tipo de convenio, o ver de qué forma se puede atender la demanda que puedan tener. Más allá del financiamiento propio que tienen, generar algún tipo de financiamiento por parte del municipio, para que tengan previsibilidad.»
«La demanda está planteada, pero no es que hay que esperar a que se resuelva. Si se soluciona antes el conflicto entre el Ejecutivo y el Deliberativo, la demanda ya no tendría razón de ser», aseguró el funcionario.
«También hay cuestiones que son políticas y esto, lamentablemente, se politizó demasiado, porque el conflicto fue sobre la legalidad o no. Que los bomberos tienen necesidades es seguro y ahí estaremos para atenderlas. El conflicto estuvo en las formas», sostuvo.
La colaboración del municipio
«El municipio colabora», afirmó Maranta; y agregó que «se pagan algunos cuarteleros y también por intermedio de subsidios. Eso es así y va a seguir siendo.»
Rechazo al veto
En cuanto a los concejales oficialistas que votaron en contra del veto del Ejecutivo, el funcionario expresó que «fue llamativo, pero habrán dado sus argumentos de por qué votaban de esa forma.»
«Ninguno de los dos concejales que votaron en contra vinieron a consultar, por lo menos a mí en particular, de qué iba el veto o qué argumentos teníamos en ese sentido, para ampliarlos o para interiorizarse»; e indicó que «otros concejales sí lo han hecho.»
«Bomberos es un tema muy sensible. Creo que ese día pueden haber pensado diferente, lo cual es entendible, pero particularmente es un tema técnico», expresó.
Al mismo tiempo, manifestó creer que «se va a llegar a un acuerdo, por lo menos estamos trabajando en eso. Y se planteará en cuando lo tengamos cerrado. Vamos a hacer una propuesta de acuerdo a los bomberos, escucharemos la opinión de ellos».
Como en otros temas, pero especialmente en este que atañe a todos los villeguenses, pareciera que a partir de la explosión del conflicto se comenzaron a buscar las posibles soluciones.
Llegar a la instancia de la demanda ante la Corte Suprema habla de nosotros como comunidad. Habla de la falta de tolerancia para el disenso y la necesaria búsqueda de una solución para los problemas reales de los vecinos.
Tanto los miembros del Departamento Ejecutivo como los concejales han sido honrados con el voto para ser representantes de nuestros intereses y, a esta altura, ante la opinión pública, ya sea por falta de diálogo, tozudez política o capricho, han faltado a ese deber intrínseco.
